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PRENSA
22/06/2016

La Agencia Española de Protección de Datos recauda más de 13 millones de euros en sanciones en 2015

Las “telcos” se afianzan como el sector más sancionado en materia de protección de datos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado en el día de ayer su memoria relativa a su actividad del pasado año.

Un año caracterizado por el incremento en un 15,6% de las denuncias y reclamaciones resueltas con respecto a datos del 2014. A su vez, las consultas recibidas por parte de la Agencia también crecieron en un 10% alcanzando casi las 220.000. Datos que ponen de manifiesto una mayor concienciación en materia de protección de datos por parte de los ciudadanos y organizaciones.

Retos y sanciones

En cuanto al volumen total de las sanciones económicas impuestas por la Agencia a lo largo del 2015, la recaudación ha sido inferior a lo registrado en pasados años. Durante el ejercicio pasado, la AEPD ha recaudado 13,7 millones de euros en sanciones. Este descenso responde a un mayor uso del apercibimiento (aumento del 26% con respecto al 2014) en el caso de particulares y pymes en aquellos casos en donde estos no hayan sido sancionados o apercibidos con anterioridad. El apercibimiento, reflejado en el art. 45.6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, consiste en la decisión de no abrir un procedimiento sancionador al infractor y, en su lugar, notificarle la infracción y un plazo para que esta sea subsanada.

Los ámbitos con mayor número de actuaciones de investigación, coincidiendo con los registrados el pasado año, son en primer lugar, el sector de las telecomunicaciones (1.926); en segundo, las entidades financieras (1.729) y en tercer lugar, la videovigilancia (1.157).

Atendiendo a los procedimientos sancionadores, el ranking prácticamente se mantiene, en donde la tarta ha sido repartida, en primer lugar, por las telcos (suponiendo casi el 39% del total de las sanciones interpuestas), seguida de financieras (un 14,6%) y de entidades que hicieron uso de comunicaciones electrónicas comerciales (un 12,8%) sin atenerse a lo establecido en la LSSI-CE.

Uno de los principales problemas que ha destacado la Agencia en su memoria ha sido la proliferación de los procesos de contratación irregulares que ha afectado especialmente al sector de las telecomunicaciones y al de las empresas comercializadoras de los suministros de agua y energía.

La falta de diligencia a la hora de formalizar contrataciones ha permitido que afloraran prácticas de suplantación de identidad en la adquisición de bienes o servicios. En este sentido, también ha adquirido una especial relevancia la incorporación en ficheros de solvencia patrimonial tras el pago de la deuda o sin que la entidad en cuestión haya requerido diligentemente el pago de la misma.

La Agencia ha querido incidir en la grave repercusión que tiene para el ciudadano la mala praxis de una entidad cuando no aplica las medidas de seguridad necesarias para evitar un registro erróneo en listas de morosos. Errores que provienen desde la inclusión hasta la notificación según los criterios establecidos. 

En este sentido, recientemente conocíamos la noticia por parte de Mar España, actual directora de la Agencia, en donde se señalaba que los planes de inspección sectoriales se estaban centrando en el sector sanitario y en el de las telecomunicaciones.

Comunidades más investigadas

De las más de 8.000 actuaciones previas iniciadas en 2015 y, coincidiendo con datos del pasado año, un 24% corresponden a entidades de la Comunidad de Madrid, seguidas de un 16% de Andalucía y un escaso 10% de Cataluña.